El debido proceso es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución y establece que, en todos los procedimientos disciplinarios, que sancionan o dan por terminado el contrato laboral se deben garantizar unas etapas mínimas para asegurar que la sanción impuesta o la terminación del contrato se realice de manera justa. Por lo cual, cuando se vulnera el debido proceso se entiende que la investigación o sanción no existió.

El debido proceso disciplinario debe estar consignado en el Reglamento Interno de Trabajo o cualquier documento jurídico en el cual el empleador y el trabajador hayan establecido las condiciones en que se desarrollará su relación laboral; tales como el contrato de trabajo, la Convención Colectiva de Trabajo, el Pacto Colectivo y el laudo arbitral, entre otros. Allí se deben establecer la escala de faltas y procedimientos.